Ley 25.326 de datos personales
La Ley 25.326 es la norma nacional argentina de protección de los datos personales, también llamada ley de hábeas data, que regula cómo cualquier archivo, registro o base de datos, público o privado, recoge, guarda y usa información sobre las personas. Para quien juega online, es la ley que alcanza al DNI, la selfie y los comprobantes que pide el KYC de un operador. Su órgano de control es la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que la aplica a través de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
Qué regula la Ley 25.326 y quién la controla
El artículo 1 fija el objeto de la ley: la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros o bancos de datos, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad, además del acceso a esa información por parte de su titular.
La reglamentación está en el Decreto 1558/2001, cuyo artículo 29, modificado por el Decreto 899/2017, designa a la AAIP como órgano de control, con facultades para dictar normas, recibir denuncias e imponer sanciones administrativas según el artículo 29 de la propia ley.
El artículo 21 obliga a inscribir las bases de datos alcanzadas en el Registro Nacional de Bases de Datos, un trámite que hoy se hace por la plataforma Trámites a Distancia y que tiene carácter de declaración jurada, de modo que lo informado debe coincidir con lo que la empresa hace con los datos en la práctica.
Ese registro es de consulta pública y gratuita.
Dónde aparece la ley cuando abrís una cuenta
Un operador habilitado por un organismo provincial, como LOTBA o el IPLyC, pide documento, domicilio y a veces datos bancarios para cumplir con la verificación de identidad, y desde ese momento pasa a ser responsable de una base de datos personales en los términos de la Ley 25.326.
La ley no fija un formato único de política de privacidad, y cada operador redacta la suya; lo que sí establece son derechos del titular que ninguna cláusula puede recortar.
Lo que la norma dice y lo que el operador publica son cosas distintas, y conviene leerlas por separado: la ley marca el piso, la política de privacidad sólo describe cómo esa empresa dice cumplirlo. Una licencia extranjera tampoco cambia esto, porque un permiso emitido en otro país no somete al operador al control de la AAIP ni le da al jugador argentino una vía de reclamo local equivalente, y quien juega en un sitio así queda con sus datos fuera del alcance práctico de la ley.
Antes de mandar tu DNI, buscá en la política de privacidad quién figura como responsable de la base y si menciona su inscripción ante la AAIP.
Derechos del titular y plazos que fija la norma
La tabla resume los derechos que más usa un jugador frente a un operador, con el artículo de la Ley 25.326 que los consagra y el plazo que el propio texto legal establece.
| Derecho | Artículo | Plazo legal | Si no cumplen |
|---|---|---|---|
| Acceso a tus datos | Art. 14 | 10 días corridos desde la intimación fehaciente | Queda habilitado el hábeas data |
| Acceso gratuito repetido | Art. 14, inc. 3 | Cada 6 meses como mínimo | Antes, sólo con interés legítimo |
| Rectificación o actualización | Art. 16 | 5 días hábiles desde el reclamo | Queda habilitado el hábeas data |
| Supresión de datos | Art. 16 | 5 días hábiles desde el reclamo | Queda habilitado el hábeas data |
| Denuncia administrativa | Art. 29 | El organismo no lo publica como plazo fijo | Sanciones que impone la AAIP |
Con qué se confunde la Ley 25.326
La confusión más común es con la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que protege al jugador como usuario de un servicio, con reclamos sobre bonos, retiros o condiciones abusivas, mientras que la Ley 25.326 sólo se ocupa de la información personal y de su tratamiento.
Tampoco equivale al GDPR europeo, aunque la Unión Europea reconoce a la Argentina un nivel adecuado de protección y existe un proyecto de reforma pendiente para acercar la ley a ese modelo.
Un pedido de borrado de cuenta no siempre implica la supresión inmediata de todo: la propia ley admite que ciertos datos se conserven cuando otra norma obliga a guardarlos, y el operador debe explicar cuál es esa obligación.
Si un operador no te responde en plazo, mandá la intimación por un medio que deje constancia y, sin respuesta, presentá la denuncia ante la AAIP.
